El sindicato CCOO ha iniciado la recogida de firmas de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que presentó el pasado 16 de diciembre contra la privatización del Registro Civil y la entrega de su gestión a los registradores mercantiles. El sindicato se propone alcanzar lo antes posible las 500.000 firmas necesarias para que la proposición de ley de la ILP llegue al debate en el Congreso con el fin de paralizar la privatización de este servicio público, universal y gratuito.
Bajo este prisma, CCOO señaló ayer que la continuidad del medio millar -entre 30 y 40 en Palencia- de funcionarios que en la actualidad trabajan en los registros civiles de Castilla y León «está en peligro», dado que con la aprobación del traslado de las competencias de estos organismos de la Administración de Justicia a los registradores de la propiedad y mercantiles se desconoce cuál será su futuro.
El coordinador de Justicia de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Javier David Sanz, aseguró ayer en rueda de prensa que este recorte se suma a las medidas que viene aplicando el actual Gobierno en su intento de «privatizar» la Administración de Justicia y que se iniciaron con la ley de tasas.
David Sanz considera que hay que detener esta privatización porque supone una pérdida de más de 8.000 oficinas de Registro Civil. Se pasaría de más de 8.120 oficinas que hay en la actualidad en España, a poco más de 100, una sola para Palencia. «Los ciudadanos y ciudadanas dejarán de poder acudir a un Registro Civil en el municipio en el que viven», comentó.
«Es un servicio público que afecta a más de un millón de personas anualmente a nivel nacional, solo en trámites obligatorios como nacimientos, defunciones y matrimonios. Si se privatiza, habrá que pagar por muchos trámites hoy gratuitos y serán obligatorios y de pago otros que hasta el momento no lo son», añadió.
Al mismo tiempo, CCOO criticó que la accesibilidad de los ciudadanos al Registro Civil se verá reducida, ya que actualmente hay en Castilla y León 2.250 municipios con Registro Civil, en 154 agrupaciones de Juzgados de Paz, nada que ver con el número de registros mercantiles existentes. Además, y aunque el Real Decreto se establece que la prestación de este servicio continuará siendo gratuita, desde el sindicato se sospecha que en el futuro se establecerán tasas, dado que «estamos hablando de empresas privadas en las que sólo el titular ha aprobado una oposición», afirmó Sanz.
Bajo este prisma, CCOO señaló ayer que la continuidad del medio millar -entre 30 y 40 en Palencia- de funcionarios que en la actualidad trabajan en los registros civiles de Castilla y León «está en peligro», dado que con la aprobación del traslado de las competencias de estos organismos de la Administración de Justicia a los registradores de la propiedad y mercantiles se desconoce cuál será su futuro.
El coordinador de Justicia de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Javier David Sanz, aseguró ayer en rueda de prensa que este recorte se suma a las medidas que viene aplicando el actual Gobierno en su intento de «privatizar» la Administración de Justicia y que se iniciaron con la ley de tasas.
David Sanz considera que hay que detener esta privatización porque supone una pérdida de más de 8.000 oficinas de Registro Civil. Se pasaría de más de 8.120 oficinas que hay en la actualidad en España, a poco más de 100, una sola para Palencia. «Los ciudadanos y ciudadanas dejarán de poder acudir a un Registro Civil en el municipio en el que viven», comentó.
«Es un servicio público que afecta a más de un millón de personas anualmente a nivel nacional, solo en trámites obligatorios como nacimientos, defunciones y matrimonios. Si se privatiza, habrá que pagar por muchos trámites hoy gratuitos y serán obligatorios y de pago otros que hasta el momento no lo son», añadió.
Al mismo tiempo, CCOO criticó que la accesibilidad de los ciudadanos al Registro Civil se verá reducida, ya que actualmente hay en Castilla y León 2.250 municipios con Registro Civil, en 154 agrupaciones de Juzgados de Paz, nada que ver con el número de registros mercantiles existentes. Además, y aunque el Real Decreto se establece que la prestación de este servicio continuará siendo gratuita, desde el sindicato se sospecha que en el futuro se establecerán tasas, dado que «estamos hablando de empresas privadas en las que sólo el titular ha aprobado una oposición», afirmó Sanz.
Enlace a la noticia: http://www.diariopalentino.es/noticia/Z08D1CD34-A61B-CF80-3D90A5B0263DB2A4/20150409/continuidad/medio/millar/funcionarios/peligro
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